La acusación
La Fiscalía acusa a Rodrigo Chaves del delito de concusión, señalándolo por un supuesto desvío de 32 mil dólares dentro de un contrato de 400 mil dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Sin embargo, el caso está lleno de inconsistencias:
- No existen pruebas sólidas que respalden las acusaciones.
- El expediente fue construido en tiempo récord, algo inusual en la justicia costarricense.
- Hay fechas y datos contradictorios sobre los supuestos movimientos de dinero.
- Todo apunta a un proceso montado más con fines políticos que jurídicos.
El proceso
Una comisión legislativa votó a favor de recomendar que se le quite la inmunidad presidencial para que sea juzgado como cualquier ciudadano. Ahora la decisión final está en manos de la Asamblea Legislativa.
Lo sorprendente es la velocidad del proceso. En pocas semanas se impulsó un caso endeble contra Chaves, mientras que escándalos de corrupción que involucran miles de millones de colones llevan años sin resolverse.
El papel del Fiscal General Carlo Díaz
El Fiscal General Carlo Díaz ha estado en el centro de las críticas por su manejo de este caso.
- No ha presentado pruebas sólidas que sustenten sus acusaciones.
- Se le señala por una celeridad selectiva: avanza rápido contra Chaves, pero lento en escándalos mucho mayores.
- Se le acusa de responder a intereses políticos y de ser funcional a los grupos de poder que buscan debilitar al gobierno.
- Durante su gestión, casos emblemáticos como el Cementazo, la Trocha Fronteriza y Cochinilla han permanecido estancados sin condenas firmes.
Para muchos, Díaz no actúa como garante de justicia, sino como pieza de un engranaje de persecución política.
Casos de corrupción que siguen impunes
Mientras Chaves es señalado por un monto mínimo, los grandes escándalos de corrupción siguen sin condena:
- Cementazo (2016): préstamos irregulares por al menos 30 mil millones de colones (≈55 millones USD). Casi 9 años después, no hay juicio.
- Cochinilla (2019): fraude en obra pública por 78 mil millones de colones (≈126 millones USD). Han pasado más de 6 años, sin sentencias firmes.
- Diamante (2021): alcaldes acusados de recibir sobornos de constructoras. Van 4 años, sin avances reales en tribunales.
- Hueco Fiscal (2018): faltante de 600 mil millones de colones en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Tras 7 años, no hay responsables.
- Trocha Fronteriza – Ruta 1856 (2012, gobierno de Laura Chinchilla): proyecto vial en la frontera norte con un costo superior a 30 millones de USD, denunciado por sobreprecios y corrupción. Han pasado 13 años, sin resolución judicial.
El trasfondo político
Rodrigo Chaves ha incomodado a las élites políticas y económicas con su estilo directo y confrontativo. Para sus seguidores, el objetivo de este proceso no es hacer justicia, sino sacarlo del camino y frenar el proyecto de cambio que representa.
La rapidez del expediente, las inconsistencias y la falta de pruebas sólidas muestran que esto no es un juicio normal: es una estrategia política para debilitar al presidente usando la justicia como arma.
Conclusión
La inmunidad presidencial existe para proteger a un mandatario de persecuciones políticas. Hoy, en el caso de Rodrigo Chaves, todo indica que la quieren levantar no por un delito comprobado, sino por una lucha de poder disfrazada de legalidad.
👉 Para muchos costarricenses, la realidad es clara: a Rodrigo Chaves lo persiguen porque incomoda a los de siempre, mientras los verdaderos corruptos siguen libres y sin juicio.
