En los últimos meses, Estados Unidos ha revocado visas a funcionarios y figuras públicas de Costa Rica, enviando un mensaje directo: hay nombres que ya no son bienvenidos en su territorio.
Entre los casos más comentados se encuentran:
-
Óscar Arias, expresidente de Costa Rica.
-
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa.
-
Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional.
-
Francisco Nicolás, diputado.
-
Johana Obando, diputada.
-
Cynthia Córdoba, diputada.
Aunque las autoridades estadounidenses no publican las razones específicas, la señal es clara: Washington marca distancia frente a personajes cuestionados por su credibilidad, transparencia o vínculos políticos.
La revocación de una visa no es un simple trámite migratorio. Se trata de una sanción política simbólica, que golpea la imagen pública de los afectados y los coloca en una posición incómoda, casi como personas no gratas para uno de los países más influyentes del mundo.
Estas cancelaciones no les quitan sus cargos en Costa Rica, pero sí dejan una huella difícil de borrar: mientras a nivel local algunos se muestran intocables, en el escenario internacional su reputación queda seriamente marcada.
Estados Unidos observa, toma nota y actúa. Y cada visa cancelada envía un recordatorio: la corrupción, la opacidad y las alianzas dudosas tienen consecuencias más allá de nuestras fronteras.
