El exfiscal de Cibercrimen y actual subdirector nacional de Ciberseguridad del MICITT, Esteban Aguilar Vargas, denunció que fue abordado por tres agentes armados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que llegaron hasta la casa de su hermano para entregarle notificaciones relacionadas con causas disciplinarias en su contra.
Aguilar calificó el hecho como un acto innecesariamente intimidante. Asegura que no se trataba de una diligencia judicial compleja, sino de una simple notificación administrativa que, a su criterio, no justifica el despliegue de agentes armados.
Lo que genera dudas en este procedimiento
- Tres agentes armados fueron enviados para entregar notificaciones administrativas, lo cual no es habitual en este tipo de trámites.
- La entrega se realizó en la casa de un familiar, no en el lugar de trabajo o residencia oficial del exfiscal.
- Aguilar afirma que los oficiales no se identificaron correctamente ni presentaron una orden formal.
- No existía una causa penal, ni una urgencia que ameritara una intervención de esa magnitud.
- El exfiscal ha sido crítico del sistema judicial, por lo que algunos sectores interpretan esto como una posible represalia institucional.
Renuncia y efectos
Después del hecho, Aguilar presentó su renuncia al Poder Judicial, argumentando que no hay condiciones para ejercer una defensa justa. Como resultado, las siete causas disciplinarias que tenía abiertas quedaron sin efecto.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, afirmó que la intervención se realizó a solicitud de la Inspección Judicial, luego de intentos fallidos de notificación. También explicó que los agentes portan sus armas reglamentarias como parte del protocolo, incluso fuera del horario laboral.
Un tema que merece reflexión
Este caso ha abierto nuevamente el debate sobre los límites del uso del poder dentro de las instituciones públicas. ¿Fue un simple procedimiento administrativo o una acción desproporcionada con intenciones políticas?
Lo cierto es que, en una democracia, los procedimientos no solo deben ser legales, sino también proporcionales, justificados y respetuosos de los derechos de todos los ciudadanos.
