San José, Costa Rica – Abril 2025
Costa Rica enfrenta una situación legal y política sin precedentes: el contrato que permite operar frecuencias de radio y televisión vencerá en septiembre de 2025, y el Gobierno no puede renovarlo por disposición legal. Sin embargo, tampoco puede aplicar una solución, porque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió una orden que impide cualquier cambio hasta que pasen las elecciones de 2026.
¿Por qué no se puede renovar el contrato?
Las frecuencias de radio y televisión son un recurso público. Su uso está regulado por contratos de concesión con plazos definidos. El contrato actual vence en septiembre de 2025 y, por ley, no puede renovarse automáticamente. Para seguir utilizando esas frecuencias, se requiere un nuevo proceso legal o una ley que establezca los lineamientos para su continuidad.
El Gobierno ya presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, que busca permitir el uso legal y continuo de las frecuencias, evitar un “apagón” en los medios y garantizar su funcionamiento normal.
¿Qué hizo el TSE?
El TSE ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de realizar cualquier modificación, reasignación o desconexión de frecuencias hasta después del proceso electoral de 2026.
Según el Tribunal, cualquier cambio en el manejo de frecuencias podría afectar el derecho del pueblo a informarse. Por eso, aplicó una medida preventiva para “proteger la neutralidad electoral”.
¿Quién tiene la competencia en este tema?
Aquí surge la controversia:
- La administración y regulación de las frecuencias corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
- El TSE tiene competencia exclusiva en temas electorales, pero no posee atribuciones legales para intervenir en contratos administrativos vencidos ni para obligar al Ejecutivo a mantenerlos.
El conflicto legal
El Gobierno no puede mantener un contrato vencido, ya que hacerlo iría contra la ley.
Pero al mismo tiempo, no puede tomar medidas para resolver la situación, porque el TSE se lo prohíbe.
Esto crea un vacío legal:
- Si no se aprueba una nueva ley antes de septiembre, las frecuencias quedarán sin respaldo jurídico.
- Si el Gobierno apaga o reasigna las frecuencias, podría considerarse como desacato a una orden del TSE.
¿Y a quién beneficia esto?
Aunque el TSE asegura que su decisión busca proteger el proceso electoral, varios sectores afirman que esta medida favorece directamente a los medios actuales —especialmente a Televisora de Costa Rica (Canal 7)— que seguirían operando sin contrato vigente, gracias a la protección del Tribunal.
En resumen
- El contrato de frecuencias vence en septiembre.
- No puede renovarse automáticamente por ley.
- El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para resolver el tema.
- El TSE bloqueó cualquier acción hasta 2026.
- El Gobierno no puede actuar, aunque tiene la obligación legal de regular el uso de ese recurso.
- Mientras tanto, los medios actuales siguen operando sin un marco jurídico claro.
¿Quién protege realmente la democracia?
¿El órgano electoral que impide soluciones legales?
¿O el Ejecutivo que intenta regular un recurso público esencial?
La respuesta no está en los discursos, sino en los hechos.
