San José, 7 de abril de 2025 – La Fiscalía General de la República presentó este lunes una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por el presunto delito de concusión. La acusación se relaciona con un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero aún debe pasar por varias etapas antes de convertirse en un proceso judicial.
Según la Fiscalía, la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., que brindó servicios de comunicación a Casa Presidencial, habría sido favorecida supuestamente por personas allegadas al gobierno. Además, se menciona una transferencia de $32.000 que se habría hecho a un exasesor presidencial, información que se encuentra en análisis.
El testimonio clave proviene del productor audiovisual Christian Bulgarelli, quien fue contratado por Casa Presidencial. Según los reportes, Bulgarelli habría accedido a colaborar con la Fiscalía bajo un «criterio de oportunidad», lo que significa que ofrece información a cambio de no ser acusado.
El caso también incluye como prueba una serie de grabaciones entregadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, conocidas como «Los audios de la Presidencia». Estas grabaciones aún están bajo revisión.
El delito de concusión, según el Código Penal costarricense, se castiga con penas de entre dos y ocho años de prisión, pero en esta etapa no se ha declarado culpabilidad alguna. La Corte Suprema de Justicia deberá revisar el expediente y, si lo considera pertinente, enviar una solicitud a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del presidente y permitir que el caso avance.
Desde el gobierno no se ha emitido una declaración oficial por parte del presidente Chaves, pero figuras cercanas a su administración han salido en su defensa. La diputada Pilar Cisneros criticó el accionar del fiscal general, señalando que la responsabilidad recaía en la exministra Navarro, y no en el mandatario.
Cabe recordar que, aunque la Fiscalía ha recibido más de 100 denuncias contra el presidente Chaves, muchas de ellas han sido desestimadas por falta de pruebas o por no configurar delito alguno. Esto refleja un ambiente político cargado de tensiones y también deja ver la necesidad de que las instituciones actúen con objetividad y respeto al debido proceso.
El caso se mantiene en desarrollo y, por el momento, no hay una resolución judicial firme.
